DETEA INTERPONE CUATRO CONTENCIOSOS CONTRA EL AYUNTAMIENTO POR UNA DEUDA TOTAL DE MÁS DE 22 MILLONES DE EUROS
Promueve cuatro recursos contencioso-administrativos por el impago de las obras de la sede policial de la Ranilla y por los incumplimientos de contrato en la venta de tres edificios en la Isla de la Cartuja, entre ellos el de la antigua sede de la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento.
Le reclama cuatro millones por la Ranilla, en concepto de ejecución de la obra e intereses financieros generados por el retraso en el pago y 18 por los tres edificios de la Cartuja, por el estado de ruina en el que fue entregado uno de ellos, y los graves desperfectos de los otros dos, por la devaluación de los inmuebles a causa del retraso en la fecha de entrega, y los intereses financieros ocasionados.
Después de esperar durante más de dos años una propuesta concreta que nunca ha llegado, considera agotada la vía negociadora, manifiestamente falsa la pregonada voluntad del Ayuntamiento de llegar a un acuerdo, y denuncia sus maniobras dilatorias para retrasar el procedimiento judicial.
Las maniobras dilatorias son de tal calibre que el Consistorio aún no ha presentado al Juzgado el expediente completo del edificio de la antigua sede de la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento, lo que ha impedido a Detea cursar la demanda por esta causa, siendo la que representa un mayor volumen de deuda municipal.
Sevilla, 28 abril de 2014.- La compañía andaluza de ingeniería y construcción DETEA ha cursado ante los juzgados de lo contencioso administrativo cuatro demandas contra el Ayuntamiento de Sevilla en las que le reclama una deuda total superior a los 22 millones de euros, por el impago de las obras de la sede policial de la Ranilla y por los incumplimientos del contrato en la venta de tres edificios en la Isla de la Cartuja, entre ellos el de la antigua sede de la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Sevilla acoge el proceso por las obras de la Ranilla, que se encuentra en fase de contestación por parte del Ayuntamiento, después de que Detea haya presentado la demanda definitiva. Detea reclama al Ayuntamiento cuatro millones, que obedecen fundamentalmente a costes añadidos por las modificaciones de proyecto, modificaciones que no sólo fueron autorizadas sino instadas por el propio consistorio, y certificadas por sus técnicos municipales, sin que en ningún momento se planteara objeción alguna sobre las obras realizadas y sus costes. El importe reclamado se completa con las paralizaciones de varios meses en las obras por la falta de definición del proyecto, las cuales conllevaron constantes incrementos en los costes añadidos que fueron soportados por Detea y que el Ayuntamiento no abonó a pesar de que la normativa de contratos es clara sobre la responsabilidad de la administración por los gastos que se deriven de la suspensión.
Por su parte, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo nº 11, 14 y 13 de Sevilla acogen la reclamación de Detea por incumplimiento de los contratos firmados en el año 2008 para la compraventa de tres parcelas, con sus correspondientes edificios C-3, C-1 y S-1, ubicados todos ellos en la banda de servicios y próximos al apeadero del tren de cercanías. Las demandas, cuyo valor supera los 18 millones de euros, obedecen al retraso de dos años y medio en la recepción de estos edificios así como a la entrega de uno de ellos en estado de ruina, concretamente el edificio C-3, antigua sede de la Delegación de Movilidad Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla - Policía Local (se adjuntan fotografías realizadas en el momento de la recepción del edificio) y el C-1, que acogía un taller de vehículos, en un estado de gran deterioro, con graves desperfectos.
Tras resultar adjudicataria del concurso público convocado en 2006 por la Gerencia Municipal de Urbanismo, DETEA formalizó con el Ayuntamiento de Sevilla la compraventa de estos edificios en contrato suscrito el 11 de enero de 2008, por el cual la constructora andaluza debía abonar un importe total de 23,7 millones, correspondiendo 7,8 millones a la parcela SC-5, 5,7 millones a la parcela SC-3.1 y 10,2 millones a la parcela SC-4. Cantidades todas ellas abonadas en su día al Ayuntamiento.
El acuerdo estipulaba que el Ayuntamiento seguiría haciendo uso de los tres edificios durante un plazo máximo de dos años, tras los cuales debería de entregar los edificios comprados por DETEA. En el supuesto de que hubiera algún retraso, el contrato contemplaba una indemnización de 13.000 euros mensuales en el caso de los edificios SC-5 y SC-4 y de 10.000 mensuales por el edificio SC-3.1.
En las demandas, Detea pone de manifiesto que la entrega de los edificios se ha producido más que duplicando el plazo inicialmente previsto, hecho que, además de inaceptable, le ha ocasionado un notable perjuicio, dada la evolución del mercado inmobiliario y financiero, y ha imposibilitado el normal desarrollo de la operación fijada en el año 2007.
Asimismo, subraya que el Ayuntamiento de Sevilla hizo una dejación absoluta en su compromiso de conservación de estos edificios, particularmente el de la Policía Local, recepcionado en estado de casi ruina, y reducido a un montón de escombros después de una inversión de más de diez millones, ya abonados por Detea.
La reclamación por el edificio C-3 está en fase de presentación de la demanda definitiva por parte de Detea, que no ha podido cursarla, debido a las maniobras dilatorias del Ayuntamiento, consistente en no aportar al Juzgado el expediente administrativo completo, pese a los sucesivos requerimientos efectuados por el Juzgado (en más de seis ocasiones), lo que impide el normal desarrollo del procedimiento judicial. La reclamación por los edificio C-1 y S-1 está en fase de prueba (una vez formulada la demanda, tras numerosos requerimientos del juzgado para que se completara el expediente administrativo, y contestada por el Ayuntamiento), por lo que pasará próximamente a la fase conclusión de la misma, antes de quedar los procesos vistos para sentencia.
Después de esperar durante más de dos años una propuesta concreta que nunca ha llegado, Detea considera agotada la vía negociadora, manifiestamente falsa la pregonada voluntad del Ayuntamiento de llegar a un acuerdo, y acreditadas las maniobras dilatorias para retrasar los procesos judiciales.
A estas alturas, Detea únicamente confía y solicita al equipo de gobierno municipal que, una vez que la Justicia se pronuncie, acate y no demore más el cumplimiento de la sentencia y actúe con responsabilidad en un asunto que afecta muy seria y directamente a una compañía con una dilatada trayectoria en la ciudad y en el resto del territorio nacional.
Promueve cuatro recursos contencioso-administrativos por el impago de las obras de la sede policial de la Ranilla y por los incumplimientos de contrato en la venta de tres edificios en la Isla de la Cartuja, entre ellos el de la antigua sede de la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento.
Le reclama cuatro millones por la Ranilla, en concepto de ejecución de la obra e intereses financieros generados por el retraso en el pago y 18 por los tres edificios de la Cartuja, por el estado de ruina en el que fue entregado uno de ellos, y los graves desperfectos de los otros dos, por la devaluación de los inmuebles a causa del retraso en la fecha de entrega, y los intereses financieros ocasionados.
Después de esperar durante más de dos años una propuesta concreta que nunca ha llegado, considera agotada la vía negociadora, manifiestamente falsa la pregonada voluntad del Ayuntamiento de llegar a un acuerdo, y denuncia sus maniobras dilatorias para retrasar el procedimiento judicial.
Las maniobras dilatorias son de tal calibre que el Consistorio aún no ha presentado al Juzgado el expediente completo del edificio de la antigua sede de la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento, lo que ha impedido a Detea cursar la demanda por esta causa, siendo la que representa un mayor volumen de deuda municipal.
Sevilla, 28 abril de 2014.- La compañía andaluza de ingeniería y construcción DETEA ha cursado ante los juzgados de lo contencioso administrativo cuatro demandas contra el Ayuntamiento de Sevilla en las que le reclama una deuda total superior a los 22 millones de euros, por el impago de las obras de la sede policial de la Ranilla y por los incumplimientos del contrato en la venta de tres edificios en la Isla de la Cartuja, entre ellos el de la antigua sede de la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Sevilla acoge el proceso por las obras de la Ranilla, que se encuentra en fase de contestación por parte del Ayuntamiento, después de que Detea haya presentado la demanda definitiva. Detea reclama al Ayuntamiento cuatro millones, que obedecen fundamentalmente a costes añadidos por las modificaciones de proyecto, modificaciones que no sólo fueron autorizadas sino instadas por el propio consistorio, y certificadas por sus técnicos municipales, sin que en ningún momento se planteara objeción alguna sobre las obras realizadas y sus costes. El importe reclamado se completa con las paralizaciones de varios meses en las obras por la falta de definición del proyecto, las cuales conllevaron constantes incrementos en los costes añadidos que fueron soportados por Detea y que el Ayuntamiento no abonó a pesar de que la normativa de contratos es clara sobre la responsabilidad de la administración por los gastos que se deriven de la suspensión.
Por su parte, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo nº 11, 14 y 13 de Sevilla acogen la reclamación de Detea por incumplimiento de los contratos firmados en el año 2008 para la compraventa de tres parcelas, con sus correspondientes edificios C-3, C-1 y S-1, ubicados todos ellos en la banda de servicios y próximos al apeadero del tren de cercanías. Las demandas, cuyo valor supera los 18 millones de euros, obedecen al retraso de dos años y medio en la recepción de estos edificios así como a la entrega de uno de ellos en estado de ruina, concretamente el edificio C-3, antigua sede de la Delegación de Movilidad Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla - Policía Local (se adjuntan fotografías realizadas en el momento de la recepción del edificio) y el C-1, que acogía un taller de vehículos, en un estado de gran deterioro, con graves desperfectos.
Tras resultar adjudicataria del concurso público convocado en 2006 por la Gerencia Municipal de Urbanismo, DETEA formalizó con el Ayuntamiento de Sevilla la compraventa de estos edificios en contrato suscrito el 11 de enero de 2008, por el cual la constructora andaluza debía abonar un importe total de 23,7 millones, correspondiendo 7,8 millones a la parcela SC-5, 5,7 millones a la parcela SC-3.1 y 10,2 millones a la parcela SC-4. Cantidades todas ellas abonadas en su día al Ayuntamiento.
El acuerdo estipulaba que el Ayuntamiento seguiría haciendo uso de los tres edificios durante un plazo máximo de dos años, tras los cuales debería de entregar los edificios comprados por DETEA. En el supuesto de que hubiera algún retraso, el contrato contemplaba una indemnización de 13.000 euros mensuales en el caso de los edificios SC-5 y SC-4 y de 10.000 mensuales por el edificio SC-3.1.
En las demandas, Detea pone de manifiesto que la entrega de los edificios se ha producido más que duplicando el plazo inicialmente previsto, hecho que, además de inaceptable, le ha ocasionado un notable perjuicio, dada la evolución del mercado inmobiliario y financiero, y ha imposibilitado el normal desarrollo de la operación fijada en el año 2007.
Asimismo, subraya que el Ayuntamiento de Sevilla hizo una dejación absoluta en su compromiso de conservación de estos edificios, particularmente el de la Policía Local, recepcionado en estado de casi ruina, y reducido a un montón de escombros después de una inversión de más de diez millones, ya abonados por Detea.
La reclamación por el edificio C-3 está en fase de presentación de la demanda definitiva por parte de Detea, que no ha podido cursarla, debido a las maniobras dilatorias del Ayuntamiento, consistente en no aportar al Juzgado el expediente administrativo completo, pese a los sucesivos requerimientos efectuados por el Juzgado (en más de seis ocasiones), lo que impide el normal desarrollo del procedimiento judicial. La reclamación por los edificio C-1 y S-1 está en fase de prueba (una vez formulada la demanda, tras numerosos requerimientos del juzgado para que se completara el expediente administrativo, y contestada por el Ayuntamiento), por lo que pasará próximamente a la fase conclusión de la misma, antes de quedar los procesos vistos para sentencia.
Después de esperar durante más de dos años una propuesta concreta que nunca ha llegado, Detea considera agotada la vía negociadora, manifiestamente falsa la pregonada voluntad del Ayuntamiento de llegar a un acuerdo, y acreditadas las maniobras dilatorias para retrasar los procesos judiciales.
A estas alturas, Detea únicamente confía y solicita al equipo de gobierno municipal que, una vez que la Justicia se pronuncie, acate y no demore más el cumplimiento de la sentencia y actúe con responsabilidad en un asunto que afecta muy seria y directamente a una compañía con una dilatada trayectoria en la ciudad y en el resto del territorio nacional.