NOTA DE PRENSA
GESIDA CELEBRA LA ENMIENDA DEL SENADO PARA DAR ATENCIÓN SANITARIA A LOS INMIGRANTES SIN PAPELES CON VIH
- Valora particularmente que haya sido apoyada por casi todas las fuerzas parlamentarias, incluidas las dos mayoritarias
- Espera, no obstante, que sirva para algo y no se quede en “una mera declaración de intenciones sin consecuencias prácticas”
- Recuerda que la desatención sanitaria de los inmigrantes irregulares puede tener consecuencias muy graves sobre el control de VIH y, a medio plazo, un impacto económico negativo sobre la sostenibilidad del sistema público de salud.
Madrid, 11 de octubre de 2012.- GESIDA, Grupo de Estudio del SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), ha celebrado la enmienda transaccional aprobada por el Senado instando al Gobierno a permitir las pruebas diagnósticas, la asistencia sanitaria y el acceso al tratamiento en nuestro país a todos los enfermos de VIH, también a los inmigrantes en situación irregular. Los expertos de este Grupo han valorado especialmente que esa enmienda haya sido apoyada por todas las fuerzas parlamentarias, a excepción del grupo mixto, y han agradecido la atención y buena predisposición mostrada hasta ahora por todos los diputados, senadores, portavoces, dirigentes políticos y autoridades sanitarias a los que han tenido la oportunidad de expresarle su preocupación por las consecuencias, tanto de Salud Pública como económicas, de la exclusión de la población inmigrante irregular de las prestaciones del sistema público de salud en el tratamiento del VIH.
“Pensamos que esta enmienda es un primer paso adelante, después del esfuerzo que venimos realizando por advertir a las autoridades sanitarias y representantes parlamentarios de las consecuencias que para la incidencia del VIH en nuestro país tiene dejar sin asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles”, señala Pere Domingo, presidente de GESIDA, que advierte no obstante que “este gesto es solamente eso, un gesto, que en principio no compromete a nada al Gobierno”, por lo que ha pedido a las fuerzas políticas que lo han apoyado que hagan todo lo posible para que tenga consecuencias prácticas y suponga “una rectificación en toda regla de la política marcada por el Real Decreto-Ley 12/2012 y, en consecuencia, la garantía de la atención sanitaria a todos los pacientes afectados por VIH en nuestro país”.
En este sentido, el presidente de GESIDA recuerda que la desatención sanitaria a los inmigrantes irregulares puede tener consecuencias muy graves sobre el control de VIH y, a medio plazo, un impacto económico negativo sobre la sostenibilidad del sistema público de salud, e insiste además en que estos efectos negativos no son “meras especulaciones”, sino que están acreditados por “una investigación científica realizada por expertos de GESIDA Y publicada en una revista especializada indexada en los registros internacionales de las principales revistas biomédicas”.
Entre otras conclusiones, esta investigación mostraba que la retirada de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles significaría entre 27 y 50 personas muertas por VIH durante el primer año de aplicación de la medida y entre 38 y 68 nuevos episodios de enfermedades oportunistas y entre 33 y 58 nuevos episodios de complicaciones médicas asociadas al VIH. Además, a partir del primer año, la tasa de mortalidad aumentaría rápidamente y podría llegar a niveles de los 90, donde en algunas cohortes de pacientes era de entre 12 y 15 muertes por 100 pacientes/año. La desatención de los irregulares significaría asimismo que entre 1.800 y 3.220 pacientes ya diagnosticados quedarían desatendidos, de los que entre un 70-80% están en estos momentos con tratamiento antirretroviral.
El informe mostraba asimismo que los daños de esta medida no solo repercutirían sobre la población afectada, pues podría producir, en el más prudente de los escenarios, un incremento de entre 324 y 580 nuevas personas infectadas por el VIH, sólo en el año siguiente a la entrada en vigor del Decreto. Además de estas nefastas consecuencias sanitarias, la desatención sanitaria de los inmigrantes irregulares con VIH tendría también efectos negativos desde el punto de vista económico, al elevar la tasa de ingresos y reingresos a niveles de finales de los años 80, cuando aún no existían los tratamientos antirretrovirales que conocemos hoy.
Concretamente, de los entre 12.240.000 y 21.896.000 euros que podría suponer el ahorro directo en antirretrovirales al eliminar esta prestación a los pacientes inmigrantes irregulares, entre 6.543.945 euros y 11.706.390 euros deberían descontarse directamente de este ahorro, como consecuencia de los costes hospitalarios derivados que se producirán. Considerando otros gastos que se derivarán de la desatención de los inmigrantes irregulares con VIH, el estudio concluye que es muy probable que “los costes reales, sobre todo a medida que transcurra el tiempo desde la entrada en vigor del Decreto, sean muy superiores a los descritos previamente y se incrementen progresivamente aumentando los gastos sanitarios a medio-largo plazo.
Para más información, Manuela Hernández. Gabinete de Prensa de GESIDA. 954 62 27 27// 651 856 72 78
GESIDA CELEBRA LA ENMIENDA DEL SENADO PARA DAR ATENCIÓN SANITARIA A LOS INMIGRANTES SIN PAPELES CON VIH
- Valora particularmente que haya sido apoyada por casi todas las fuerzas parlamentarias, incluidas las dos mayoritarias
- Espera, no obstante, que sirva para algo y no se quede en “una mera declaración de intenciones sin consecuencias prácticas”
- Recuerda que la desatención sanitaria de los inmigrantes irregulares puede tener consecuencias muy graves sobre el control de VIH y, a medio plazo, un impacto económico negativo sobre la sostenibilidad del sistema público de salud.
Madrid, 11 de octubre de 2012.- GESIDA, Grupo de Estudio del SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), ha celebrado la enmienda transaccional aprobada por el Senado instando al Gobierno a permitir las pruebas diagnósticas, la asistencia sanitaria y el acceso al tratamiento en nuestro país a todos los enfermos de VIH, también a los inmigrantes en situación irregular. Los expertos de este Grupo han valorado especialmente que esa enmienda haya sido apoyada por todas las fuerzas parlamentarias, a excepción del grupo mixto, y han agradecido la atención y buena predisposición mostrada hasta ahora por todos los diputados, senadores, portavoces, dirigentes políticos y autoridades sanitarias a los que han tenido la oportunidad de expresarle su preocupación por las consecuencias, tanto de Salud Pública como económicas, de la exclusión de la población inmigrante irregular de las prestaciones del sistema público de salud en el tratamiento del VIH.
“Pensamos que esta enmienda es un primer paso adelante, después del esfuerzo que venimos realizando por advertir a las autoridades sanitarias y representantes parlamentarios de las consecuencias que para la incidencia del VIH en nuestro país tiene dejar sin asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles”, señala Pere Domingo, presidente de GESIDA, que advierte no obstante que “este gesto es solamente eso, un gesto, que en principio no compromete a nada al Gobierno”, por lo que ha pedido a las fuerzas políticas que lo han apoyado que hagan todo lo posible para que tenga consecuencias prácticas y suponga “una rectificación en toda regla de la política marcada por el Real Decreto-Ley 12/2012 y, en consecuencia, la garantía de la atención sanitaria a todos los pacientes afectados por VIH en nuestro país”.
En este sentido, el presidente de GESIDA recuerda que la desatención sanitaria a los inmigrantes irregulares puede tener consecuencias muy graves sobre el control de VIH y, a medio plazo, un impacto económico negativo sobre la sostenibilidad del sistema público de salud, e insiste además en que estos efectos negativos no son “meras especulaciones”, sino que están acreditados por “una investigación científica realizada por expertos de GESIDA Y publicada en una revista especializada indexada en los registros internacionales de las principales revistas biomédicas”.
Entre otras conclusiones, esta investigación mostraba que la retirada de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles significaría entre 27 y 50 personas muertas por VIH durante el primer año de aplicación de la medida y entre 38 y 68 nuevos episodios de enfermedades oportunistas y entre 33 y 58 nuevos episodios de complicaciones médicas asociadas al VIH. Además, a partir del primer año, la tasa de mortalidad aumentaría rápidamente y podría llegar a niveles de los 90, donde en algunas cohortes de pacientes era de entre 12 y 15 muertes por 100 pacientes/año. La desatención de los irregulares significaría asimismo que entre 1.800 y 3.220 pacientes ya diagnosticados quedarían desatendidos, de los que entre un 70-80% están en estos momentos con tratamiento antirretroviral.
El informe mostraba asimismo que los daños de esta medida no solo repercutirían sobre la población afectada, pues podría producir, en el más prudente de los escenarios, un incremento de entre 324 y 580 nuevas personas infectadas por el VIH, sólo en el año siguiente a la entrada en vigor del Decreto. Además de estas nefastas consecuencias sanitarias, la desatención sanitaria de los inmigrantes irregulares con VIH tendría también efectos negativos desde el punto de vista económico, al elevar la tasa de ingresos y reingresos a niveles de finales de los años 80, cuando aún no existían los tratamientos antirretrovirales que conocemos hoy.
Concretamente, de los entre 12.240.000 y 21.896.000 euros que podría suponer el ahorro directo en antirretrovirales al eliminar esta prestación a los pacientes inmigrantes irregulares, entre 6.543.945 euros y 11.706.390 euros deberían descontarse directamente de este ahorro, como consecuencia de los costes hospitalarios derivados que se producirán. Considerando otros gastos que se derivarán de la desatención de los inmigrantes irregulares con VIH, el estudio concluye que es muy probable que “los costes reales, sobre todo a medida que transcurra el tiempo desde la entrada en vigor del Decreto, sean muy superiores a los descritos previamente y se incrementen progresivamente aumentando los gastos sanitarios a medio-largo plazo.
Para más información, Manuela Hernández. Gabinete de Prensa de GESIDA. 954 62 27 27// 651 856 72 78