COMUNICADO INFORMATIVO
En relación con los mensajes que en general se vienen lanzando sobre la denominada “violencia obstétrica”, y las iniciativas para su consideración como una forma de violencia de género, desde la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) queremos manifestar que:
• Las y los especialistas en Obstetricia y Ginecología trabajamos intensamente por mejorar la atención que las mujeres reciben durante su proceso de embarazo y parto, investigando y estableciendo la mejor evidencia científica para todos los casos, publicando y difundiendo consensos con las recomendaciones basadas en esa evidencia y desarrollando la mejor formación orientada a ese objetivo.
• Fruto de eso esfuerzo común, la práctica profesional ha evolucionado hacia los indicadores y objetivos consensuados por el Ministerio de Sanidad para la atención perinatal en España, indicadores y objetivos en los que las autoridades sanitarias han trabajado con nuestra decidida implicación y colaboración junto a otros colectivos profesionales y con la colaboración de asociaciones de mujeres que trabajaron en la elaboración de la Guía de Atención del Parto Normal. En este sentido, es preciso señalar que, aunque aún queda mucho margen de mejora, la práctica asistencial de atención al embarazo y al parto ha avanzado muy favorablemente en nuestro país y se están consiguiendo muchos de los objetivos propuestos en la Estrategia de Atención al parto normal.
• Como queda establecido de forma explícita en nuestras guías y consensos, rechazamos la “normalización” de prácticas como las cesáreas o las episiotomías. Debemos subrayar, no obstante, que en la actualidad no existe un “empleo institucionalizado” de esas prácticas. Muy al contrario, están en claro descenso en nuestros hospitales, se dan ya en menos del 30% de los partos y en la mayoría de los casos en los que se producen su uso está justificado por la evidencia científica: es decir, la práctica profesional inadecuada sería no recurrir a ellas.
• En este sentido, queremos incidir en que los ginecólogos y ginecólogas trabajamos para que las expectativas que las mujeres tienen sobre sus partos se vean cumplidas en todos los casos en los que sea posible. Pero a veces la situación se complica y los profesionales sanitarios deben abordar estos casos con medidas adecuadas para que no esté en peligro la vida o la salud de la madre o/y su hijo. Cuando así sucede, la inmensa mayoría de las mujeres y sus familias lo comprenden y consiente tras la información adecuada. De hecho, en las encuestas de satisfacción de la mayoría de hospitales o comunidades autónomas así se demuestra, con unos niveles muy altos de satisfacción sobre la atención en su proceso de parto.
• Remarcamos, no obstante, una vez más, y tal como establecen nuestros consensos, que estamos radicalmente a favor de la información continua, la solicitud de consentimientos, el reconocimiento de los deseos de la madre y la empatía y la comunicación continúa en la atención durante el embarazo y el parto. E insistimos, del mismo modo, en nuestro compromiso por mejorar todos esos aspectos, así como cualquier otro de la atención ginecológica y obstétrica, a través de la investigación, la sensibilización y la formación continua a los profesionales en pro de las mejores prácticas asistenciales, de acuerdo a la evidencia científica disponible y la mayor satisfacción posible de las mujeres que atendemos.
• Estimamos que estas herramientas –la investigación científica y la formación- representan la mejor vía para el perfeccionamiento de una práctica asistencial, que ya es excelente en la mayoría de los casos. Y que nada ayuda a esa mejora la utilización y tipificación penal del concepto de “violencia obstétrica” que promueve, además, la idea de un enfrentamiento entre las mujeres y los profesionales que es contraria a los lazos de confianza y cercanía que preside habitualmente las relaciones entre ambas partes.
• La inclusión de todas estas prácticas en el marco de la violencia de género es sencillamente ilógica, desde el momento en el que se considera que la mayoría de los profesionales que ejercemos esta especialidad somos mujeres. No podemos banalizar de esta forma la violencia de género, que es muy grave, como bien podemos atestiguar en nuestras consultas de ginecología. La violencia machista es algo que nos tomamos tan en serio, que desde la SEGO acabamos de publicar un consenso sobre cómo debe ser la atención ginecológica a la mujer víctima de violencia de género y agresión sexual que tiene, entre otros objetivos, reforzar la contribución de la especialidad a la detección temprana desde el sistema sanitario, mejorando los protocolos para la detección y atención a las víctimas. En muchas ocasiones somos los primeros o únicos profesionales a los que nos cuentan lo que les está ocurriendo, y no debemos olvidar que el embarazo es uno de los factores de riesgo más importante para sufrir violencia de género y que las primeras manifestaciones de la violencia de género ocurren durante el embarazo. La relación de confianza de la mujer con el profesional que la atiende es clave para la detección precoz.
• La tipificación penal de un concepto como la violencia obstétrica, en el que se encuadran posibles delitos tan diferentes como una injuria, una coacción, una broma repulsiva, un abuso sexual, una episiotomía, una maniobra de Kristeller o una cesárea, sitúa a los profesionales en un territorio de inseguridad y desprotección jurídica insoportable. Por resumirlo, esta tipificación penal expone a los profesionales al riesgo de acabar condenados por una decisión médica o por una interpretación subjetiva. Y al absurdo de que un o una profesional sanitario/a pueda acabar respondiendo ante los tribunales por un delito penal de violencia machista contra una mujer por una práctica profesional de urgencia con la que quizás haya salvado su vida o la de su bebé.
Para más información:
Gabinete de comunicación de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO): Manuela Hernández (651 867 278) / Tomás Muriel (605 603 382) / Jesús Herrera (625 872 780)
En relación con los mensajes que en general se vienen lanzando sobre la denominada “violencia obstétrica”, y las iniciativas para su consideración como una forma de violencia de género, desde la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) queremos manifestar que:
• Las y los especialistas en Obstetricia y Ginecología trabajamos intensamente por mejorar la atención que las mujeres reciben durante su proceso de embarazo y parto, investigando y estableciendo la mejor evidencia científica para todos los casos, publicando y difundiendo consensos con las recomendaciones basadas en esa evidencia y desarrollando la mejor formación orientada a ese objetivo.
• Fruto de eso esfuerzo común, la práctica profesional ha evolucionado hacia los indicadores y objetivos consensuados por el Ministerio de Sanidad para la atención perinatal en España, indicadores y objetivos en los que las autoridades sanitarias han trabajado con nuestra decidida implicación y colaboración junto a otros colectivos profesionales y con la colaboración de asociaciones de mujeres que trabajaron en la elaboración de la Guía de Atención del Parto Normal. En este sentido, es preciso señalar que, aunque aún queda mucho margen de mejora, la práctica asistencial de atención al embarazo y al parto ha avanzado muy favorablemente en nuestro país y se están consiguiendo muchos de los objetivos propuestos en la Estrategia de Atención al parto normal.
• Como queda establecido de forma explícita en nuestras guías y consensos, rechazamos la “normalización” de prácticas como las cesáreas o las episiotomías. Debemos subrayar, no obstante, que en la actualidad no existe un “empleo institucionalizado” de esas prácticas. Muy al contrario, están en claro descenso en nuestros hospitales, se dan ya en menos del 30% de los partos y en la mayoría de los casos en los que se producen su uso está justificado por la evidencia científica: es decir, la práctica profesional inadecuada sería no recurrir a ellas.
• En este sentido, queremos incidir en que los ginecólogos y ginecólogas trabajamos para que las expectativas que las mujeres tienen sobre sus partos se vean cumplidas en todos los casos en los que sea posible. Pero a veces la situación se complica y los profesionales sanitarios deben abordar estos casos con medidas adecuadas para que no esté en peligro la vida o la salud de la madre o/y su hijo. Cuando así sucede, la inmensa mayoría de las mujeres y sus familias lo comprenden y consiente tras la información adecuada. De hecho, en las encuestas de satisfacción de la mayoría de hospitales o comunidades autónomas así se demuestra, con unos niveles muy altos de satisfacción sobre la atención en su proceso de parto.
• Remarcamos, no obstante, una vez más, y tal como establecen nuestros consensos, que estamos radicalmente a favor de la información continua, la solicitud de consentimientos, el reconocimiento de los deseos de la madre y la empatía y la comunicación continúa en la atención durante el embarazo y el parto. E insistimos, del mismo modo, en nuestro compromiso por mejorar todos esos aspectos, así como cualquier otro de la atención ginecológica y obstétrica, a través de la investigación, la sensibilización y la formación continua a los profesionales en pro de las mejores prácticas asistenciales, de acuerdo a la evidencia científica disponible y la mayor satisfacción posible de las mujeres que atendemos.
• Estimamos que estas herramientas –la investigación científica y la formación- representan la mejor vía para el perfeccionamiento de una práctica asistencial, que ya es excelente en la mayoría de los casos. Y que nada ayuda a esa mejora la utilización y tipificación penal del concepto de “violencia obstétrica” que promueve, además, la idea de un enfrentamiento entre las mujeres y los profesionales que es contraria a los lazos de confianza y cercanía que preside habitualmente las relaciones entre ambas partes.
• La inclusión de todas estas prácticas en el marco de la violencia de género es sencillamente ilógica, desde el momento en el que se considera que la mayoría de los profesionales que ejercemos esta especialidad somos mujeres. No podemos banalizar de esta forma la violencia de género, que es muy grave, como bien podemos atestiguar en nuestras consultas de ginecología. La violencia machista es algo que nos tomamos tan en serio, que desde la SEGO acabamos de publicar un consenso sobre cómo debe ser la atención ginecológica a la mujer víctima de violencia de género y agresión sexual que tiene, entre otros objetivos, reforzar la contribución de la especialidad a la detección temprana desde el sistema sanitario, mejorando los protocolos para la detección y atención a las víctimas. En muchas ocasiones somos los primeros o únicos profesionales a los que nos cuentan lo que les está ocurriendo, y no debemos olvidar que el embarazo es uno de los factores de riesgo más importante para sufrir violencia de género y que las primeras manifestaciones de la violencia de género ocurren durante el embarazo. La relación de confianza de la mujer con el profesional que la atiende es clave para la detección precoz.
• La tipificación penal de un concepto como la violencia obstétrica, en el que se encuadran posibles delitos tan diferentes como una injuria, una coacción, una broma repulsiva, un abuso sexual, una episiotomía, una maniobra de Kristeller o una cesárea, sitúa a los profesionales en un territorio de inseguridad y desprotección jurídica insoportable. Por resumirlo, esta tipificación penal expone a los profesionales al riesgo de acabar condenados por una decisión médica o por una interpretación subjetiva. Y al absurdo de que un o una profesional sanitario/a pueda acabar respondiendo ante los tribunales por un delito penal de violencia machista contra una mujer por una práctica profesional de urgencia con la que quizás haya salvado su vida o la de su bebé.
Para más información:
Gabinete de comunicación de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO): Manuela Hernández (651 867 278) / Tomás Muriel (605 603 382) / Jesús Herrera (625 872 780)
